Lamas

Reportajes
Elías SantiElías Sinti Panduro, apu de la comunidad nativa Ankash Yaku de Achinamiza, denunciado por presuntos delitos de tala y secuestro. Foto: Paz y Esperanza
29
Ene

Casos judiciales revelan la otra cara de San Martín, “la región verde” peruana

Por Emily Espinoza Lewis

En el 2013 dos órganos de la Fiscalía de la Nación en San Martín, región de la selva alta del Perú, acusaron a los indígenas kichwa Elías Sinti Panduro y Wellinton Insapillo Panaifo de ser taladores ilegales y secuestradores. Según los testimonios de los imputados, los casos judiciales les fueron abiertos por una razón: frenar la lucha que ellos encabezan para titular como Comunidad Nativa a Ankash Yaku de Achinamiza.

Sinti Panduro e Insapillo Panaifo, líderes indígenas, tienen argumentos para respaldar tal afirmación: la denuncia de deforestación presentaba numerosas irregularidades, tal es así que en diciembre pasado el caso fue archivado de manera definitiva. Mientras que el presunto secuestro, una serie de hechos ligados a la primera denuncia, es un caso tan particular que tuvieron que pasar más de dos años y cuatro fiscales para llegar a una audiencia frente al juez el pasado 21 de enero.

Vulneración de derechos

El origen de ambos casos se remonta al Plan Maestro del Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera” (ACR-CE), desarrollado e implementado durante el gobierno regional de César Villanueva Arévalo (2007-2011). El Plan, guía para administrar el Área —ubicada en las provincias de Lamas y San Martín, región San Martín—, no tomó en cuenta el modo de vida de los indígenas amazónicos, sus tradiciones y actividades de subsistencia, como la caza, la pesca y la recolección.

En la ACR-CE hay más de cinco comunidades nativas y, alrededor de ella, un promedio de 28, incluida Ankash Yaku de Achinamiza, cuyos territorios se extienden dentro de ella.

Durante siglos los nativos han realizado sus actividades en zonas distintas al lugar donde moran, territorios que pueden estar muy lejos, incluso a días de caminata. Cuando en el 2005 se establecieron los límites del ACR-CE, aquellos territorios ancestrales, como los de Achinamiza, pasaron a ser propiedad del Estado y a ser administrados por el gobierno regional.

“Las autoridades han sido muy tajantes al decir que al Área no podemos entrar”, declara Sinti Panduro. Achinamiza, asentada a orillas del río Huallaga, es la comunidad donde él e Insapillo Panaifo nacieron y crecieron, y donde hoy no pueden andar libremente. Los guardaparques no les permiten cazar, ni pescar ni recolectar.

Esto ocurre aun cuando normas nacionales e internacionales legitiman los pedidos de estos líderes. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el Perú desde hace 22 años, establece que los pueblos tienen derecho a la propiedad y posesión de territorios que han ocupado o de los cuales han hecho uso de manera ancestral.

Por su parte, el artículo 31 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas señala que se dará “una atención prioritaria a asegurar los usos tradicionales y los sistemas de vida de las comunidades nativas y campesinas ancestrales que habitan las Áreas Naturales Protegidas y su entorno, respetando su libre determinación, en la medida que dichos usos resulten compatibles con los fines de las mismas”.

 El monte se va  alejando cada vez más

En el 2013 Guillermo Saldaña Bustamante, bajo la excusa de que su “Asociación de Productores Agro Bio Forestales – Alto Uchupayacu” era “dueña” de una parte del territorio de una comunidad nativa no titulada del ACR-CE, denunció ante la Fiscalía una presunta deforestación de 10 mil hectáreas.

Se realizó entonces una investigación preliminar contra Sinti Panduro, Insapillo Panaifo y otros 14 nativos. Concluida esta etapa y ante la falta de evidencia, la Fiscalía optó por no formular una denuncia contra el apu y otros nueve nativos, quedando como acusados seis personas, incluido Insapillo Panaifo. Asimismo, la Fiscalía solo encontró evidencia de 11 hectáreas deforestadas.

Y es que en Achinamiza solo se practica el desbosque para las chacras de panllevar, la pequeña agricultura y otros tipos de consumo personal, patrón que se repite en otras comunidades nativas de San Martín, como El Naranjal, Mishkillakillu, Solo y Alto Pucalpillo.

“Una hectárea y media, donde planto maíz, arroz y plátano”, dice Insapillo Panaifo sobre el territorio que posee. “Nosotros no tumbamos el monte”, declara por su parte Inocente Guerra Pangama, viceapu de Mishkillakillu. “Solo lo hacemos para nuestro consumo. Por ejemplo, usamos las hojas de la [palmera] shapaja para construir los techos de nuestras casas”, agrega.

La presunta deforestación de 11 hectáreas ocurrió en “Cordillera Escalera”, por lo que la Fiscalía estableció que el agraviado era el Estado Peruano.  Para Rubén Ninahuanca Rivas, abogado defensor de los procesados, el caso dejaba más interrogantes que respuestas.

“Durante la investigación no se tomó en cuenta el ‘Protocolo de Atención y Orientación Legal Con Enfoque Intercultural’, dirigido a funcionarios del Sistema Estatal de Justicia, quienes están obligados a aplicarlo cuando un miembro de una comunidad nativa se encuentra dentro de un proceso penal”, detalla.

“Además, la investigación no pudo haber establecido con exactitud las supuestas áreas deforestadas debido a que nunca cerraron los polígonos. Tampoco se tomó en cuenta que las lluvias hacen que árboles pesados se derrumben y que parezca un desbosque. Incluso el informe de la Fiscalía dice que no se pudo recorrer la zona porque es de difícil acceso”, agrega el abogado.

Específicamente, la acusación indicaba que “no se pudo continuar con la inspección por el agotamiento físico dada la geografía accidentada (subir y bajar pendientes)”.

“Tienen que recorrer la zona”, señala el ingeniero forestal Jarold Marín Julca, quien  explica que determinar la antigüedad y los autores de una deforestación es muy difícil, y que para ello es necesario cruzar los datos de georreferencialización, imágenes satelitales y estudios científicos de la zona, que a su vez abarcan varios procesos.

Al entrevistar a Crosby Tello Espinoza, quien aparece como representante del Proyecto Huallaga —ente administrador del ACR-CE— en la inspección realizada por la Fiscalía, el ingeniero señaló que no recordaba el caso.

Finalmente, la Justicia les dio la razón a Sinti Panduro e Insapillo Panaifo en ese caso. El 21 de diciembre de 2015 la Sala Penal de Apelaciones de Tarapoto emitió su fallo, donde concluye que los indígenas habían realizado actividades tradicionales y de subsistencia dentro del ACR-CE, lo cual no necesita ni permiso ni autorización por parte de la administración del Área. Por tanto, resolvió, en Segunda Instancia, el archivamiento del caso de manera definitiva.

 ¿Calabozo o cuarto de la reflexión?

El 17 de mayo del 2013 cuatro funcionarios públicos del gobierno regional, bajo solicitud de Saldaña Bustamante, llegan al centro poblado Achinamiza para levantar trabajos técnicos que permitirían la adjudicación del supuesto territorio de la Asociación.

Al cruzar los testimonios de denunciantes y denunciados se puede concluir que Sinti Panduro, como apu de la comunidad nativa Achinamiza, lideró un grupo de 30 comuneros que interceptó a los funcionarios para pedirles explicaciones sobre su presencia en la zona.

Los comuneros, que llevaban los machetes y rifles que suelen portar para abrirse paso en el monte y para cazar, condujeron a los funcionarios a la Casa Comunal para realizar una asamblea. Esta duró hasta las ocho de la noche, por lo que el teniente gobernador de Achinamiza ordenó que los funcionarios pernocten en una casa y salgan de la comunidad a la mañana siguiente. Para los funcionarios, tal casa es un “calabozo”; para los nativos, es “el cuarto de la reflexión”.

“El día 4 de julio del 2013, en una asamblea, aclaramos el supuesto secuestro y planteamos los problemas vinculados al territorio. Ahí, el ahora exjefe del Proyecto Huallaga dijo que de ser titulados como Comunidad Nativa, el Estado nos brindaría menos ayuda, y que era mejor seguir como Centro Poblado”, relata Sinti Panduro.

La comunidad se fragmenta: 80 personas siguen luchando por la titulación mientras que 500 deciden no hacerlo. Un día después de la asamblea aparece la denuncia del presunto secuestro contra él, Insapillo Panaifo y otras nueve personas.

Más de dos años después, el 21 de enero del 2016, se realizó la Audiencia de Control de Acusación, donde la Fiscalía relató que el secuestro sucedió antes de que Achinamiza sea reconocida como una Comunidad Nativa —proceso previo al de titulación y en el que se encuentra desde el 2014— y que, por lo tanto, los imputados deberían ser tratados como cualquier otra persona y no como comuneros, quienes reciben una Jurisdicción Especial.

La Jurisdicción Especial, explicada en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, incluye la potestad para citar a personas y recaudar pruebas, resolver asuntos siguiendo su propio derecho —como la justicia comunal— y, finalmente, usar la fuerza para hacer efectivas sus decisiones en caso de ser necesario.

Asimismo, el artículo 89 del Convenio 169 de la OIT establece que “las comunidades nativas y campesinas tienen el legítimo derecho de, en virtud del derecho a la propiedad, controlar intrusiones a su propiedad”.

Frente a lo declarado por la Fiscalía, Juan Monroy Gálvez, abogado de los imputados y uno de los principales autores de los actuales Códigos Procesal Civil y Constitucional, señaló que las resoluciones de reconocimiento simplemente reafirman hechos que ya existían previamente.

“A estas comunidades, que han estado asentadas desde hace más de 400 años, ahora se les pretende tratar como usurpadores de su propio territorio para poder calificar un hecho como delito [secuestro]. Eso es colonialismo”, agregó.

Ante lo expresado por el actual representante legal de Sinti Panduro, el juez decidió tomarse el tiempo que establece la ley para resolver el caso, lo que puede resultar en su archivamiento o en un juicio oral.

Si se procede con el juicio, y en este se archiva el caso, la Fiscalía aún tendría el derecho a apelar y llevar el proceso a una Segunda Instancia. Así, si en la Sala de Apelación se determina que los acusados son culpables, Sinti Panduro e Insapillo Panaifo enfrentarían una pena de 30 años en la cárcel.

“Tenemos las cosas muy claras. Sabemos que muchas veces los defensores y los líderes terminan en la cárcel. Lo que sí nos da temor es que nuestros hijos queden desprotegidos”, declara Sinti Panduro.//

Este reportaje se ha realizado con el apoyo de Comunicaciones Aliadas e Infostelle Peru e.V.

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