Nauta

Reportaje
Río Marañón, la serpiente de oro, visto desde el aire. Foto: Rosa Laura Gerónimo.
23
Dic

Consulta previa sobre Hidrovía Amazónica acabó sin que población se sienta debidamente informada

Por Rosa Laura Gerónimo

El 28 de setiembre, luego de cuatro meses, concluyó el proceso de consulta previa a los 14 pueblos indígenas que se verían afectados por el proyecto Hidrovía Amazónica, impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, líderes indígenas de la zona de influencia del proyecto, aseguran que gran parte de la población que será afectada aún sabe muy poco sobre este y esperan que se realice un segundo proceso de consulta.

La Hidrovía Amazónica forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un plan para mejorar la conectividad de América del Sur. La Hidrovía Amazónica peruana, que recorrerá más de 2,600 kilómetros de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, tiene como objetivo mejorar sus condiciones de navegación para que puedan ser surcados todos los días del año, y de esta manera, incrementar la comunicación y el comercio. Para ello, se tiene planeado dragar las zonas del canal de navegación que no tienen la profundidad suficiente para que circulen las embarcaciones en vaciante (época del año sin lluvias).

Desde Lima, Félix Vasi, el titular de la Dirección General de Transporte Acuático del MTC defiende el proyecto y explica que la hidrovía es una prestación de servicio público que tiene como fin facilitar el acceso y la conectividad entre las localidades. “Será beneficioso para los actores involucrados”, resalta Vasi.

El día a día de las comunidades

Kevin Tamani Jaramillo es un padre de familia de la comunidad Miguel Grau, ubicada a dos horas en bote del distrito de Nauta, en Loreto, región de la Amazonía peruana. Él, al igual que la mayoría de hombres de las comunidades nativas y campesinas cercanas a este distrito, se dedica a la agricultura y la pesca como principales actividades económicas. Frecuentemente sale en un peque-peque, pequeña embarcación propia del lugar hecha de madera, a capturar peces en las aguas del río Marañón, para luego llevarlos a vender a Nauta.

Marc Dourojeanni, ingeniero agrónomo presidente fundador de la ONG ProNaturaleza y exjefe de la División de Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo, explica que el dragado aumentará la turbidez del agua, los peces ya no verán a sus presas, se irán y entonces habrá poco que pescar. Además, el dragado del río removerá los sedimentos y estos podrían liberar elementos contaminantes que dañarán la fauna acuática. “Aun así es la mejor opción de transporte para la Amazonía”; señala.

Actualmente ya existe un gran número de accidentes ocasionados por el viraje de canoas provocadas por las olas que generan al pasar las grandes embarcaciones. Con la hidrovía, la presencia de estas aumentará y la navegación será más difícil para los botes más pequeños.

En Miguel Grau también vive Antonio Tamani Huaratapairo, el chamán de la comunidad. Él cura a las personas invocando a los espíritus que viven en el río. Los kukama, pueblo de la familia tupi-guaraní muy numeroso en la región, creen que sus familiares muertos viven debajo de los ríos, en un mundo muy parecido al de los vivos, donde también coexisten los animales y los espíritus. Con todo el constante movimiento que se generará en el río por la hidrovía, Tamani Huaratapairo teme que se vayan los espíritus del agua y él ya no pueda curar. Este movimiento también afectarían a estos familiares fallecidos.

Por todo ello, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) presentó en el 2013 una demanda de amparo contra la ejecución del proyecto ante la Corte Superior de Loreto. El juez mixto de Nauta falló a su favor en octubre de 2014, y se tuvo que detener el proyecto para realizar un proceso de consulta previa, mecanismo de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas que tiene como fin llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar sus derechos colectivos. Esta consulta tuvo como objetivo establecer los términos del contrato de concesión del proyecto.

Hoy el proceso ya ha culminado, se recogió la opinión de las comunidades, se llegaron a varios acuerdos y el proyecto continuará con su desarrollo. Según el MTC, este tiene planeado comenzar sus obras el 2018. Pero una pregunta sigue vigente: ¿Qué tanto poder de decisión tuvieron las comunidades sobre su futuro?

El sinsabor de la consulta

Son varios los participantes indígenas de la etapa de diálogo de la consulta (etapa en la que el Estado y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas dialogan para llegar ya a consensos), quienes no están satisfechos con este proceso.

“El Estado apresuró la consulta. Nosotros en su momento pedimos que tenga un tiempo prudencial para tomar las decisiones adecuadas”, expresa Miller López, del pueblo shawi y asesor de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO). Para López, esto no se cumplió y además, tampoco se llegó a buena parte de la población. “Son una minoría los que conocen el proyecto. El Estado pone como limitante el presupuesto para convocar a más hermanos y hermanas, ese es el problema”, dice.

El Reglamento de la Ley de Consulta Previa establece que la etapa de diálogo debe realizarse en un plazo máximo de 30 días. Vasi afirma que en este caso la etapa duró más, considerando que, según el Plan de Consulta, el diálogo comenzó el 12 de agosto y terminó el 22 de setiembre. Sin embargo, al inicio de esta etapa, los pueblos solicitaron al MTC más talleres informativos. Por ello, la reunión de diálogo se realizó recién del 18 al 22 de setiembre,  durando así solo cinco días.

A pesar de haber concluido la consulta, aún hay muchas incertidumbres sobre el proyecto. Y es que la información con la que se cuenta sobre el impacto de la hidrovía es reducida. El proceso de consulta se basó en el perfil del proyecto y en el estudio de factibilidad, que esbozan solo de manera general las principales acciones que este contempla.

Vasi indica que la hidrovía busca mejorar las condiciones de navegación para las embarcaciones, entre ellas, las barcazas con remolcador, pues su uso permite transportar más mercaderías con menor consumo de combustible.

“Este proyecto es para los que tienen plata porque ningún pueblo indígena tiene barcazas, tiene lanchas. Para los pueblos indígenas son más grandes las desventajas que las ventajas. Nuestros productos no los llevamos en grandes cantidades, solo en pequeñas”, afirma Lisbeth Mori, mujer shipiba de la comunidad de Curimbari, cuenca de Callería.

¿Por qué, aún con todos estos reparos, las comunidades firmaron el acuerdo con el MTC? Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal que asesoró a las comunidades kukama en la demanda para lograr la consulta previa, señala que “si se oponían se quedaban aislados, no era tan fácil. La consulta está hecha de tal manera de que si no hay acuerdo, el Estado decide”.

Cleydith Panaifo, mujer kukama de la Asociación de Desarrollo y Conservación de Puinahua (ADECOP), señala que en el caso de su pueblo, se aceptaron los acuerdos porque el Estado les prometió programas de alimentación y salud, “¿Qué podíamos hacer? Los niños lo necesitan”, explica. Para ello, el MTC ha creado un Grupo de Trabajo Multisectorial, donde se abordarán las demandas de los pueblos que no son competencia del ministerio, como servicios básicos de agua potable, descontaminación de los ríos y otras. A las comunidades solo les queda esperar que estos se cumplan.

“Yo quisiera que se realice una segunda consulta, con ella creo que la población se sentiría más informada”, manifiesta Francisco Hernández, quien es tikuna y pertenece a la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO). López, Panaifo y Mori también la creen necesaria. Sin embargo, Vasi aclara que solo se evaluará un segundo proceso en caso que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) muestre afectaciones a los pueblos indígenas no contempladas anteriormente. Los líderes indígenas consultados señalan que toman los acuerdos firmados con mucho escepticismo y no saben qué esperar realmente.

El abogado Ruiz cree conveniente que se realicen dos procesos de consulta: uno antes del EIA para establecer los términos que este debe contener y otro después, para tomar decisiones de acuerdo a sus resultados. “La estructura actual de los proyectos es perversa porque te obliga a decidir ciegamente sin el EIA”, indica.

Ruiz considera que existe un problema político en este tema: el Estado debe comenzar a atender las demandas de la población indígena amazónica. Después de todo, la incertidumbre que genera este proyecto en la población es entendible. “Durante décadas el Estado nos ha marginado, y ahora solo podemos mirarlo con desconfianza”, finaliza López. //

Este reportaje se ha realizado con el apoyo de Comunicaciones Aliadas e Infostelle Peru e.V.

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