Lamas

Reportaje
Para Efraín Sangama, titulación de tierras les permitiría seguir cuidando la selva como lo han hecho desde hace cientos de años. Foto: Yerson Collave.
23
Dic

Peligra conservación de selva peruana por  falta de titulación del territorio indígena

Por Yerson Collave García

La primera vez que Efraín Sangama Amasifuén fue a cazar con su padre, tenía 7 años. Fueron 15 días de viaje en medio de la selva peruana. Partieron de Lamas, una zona elevada de la región San Martín, en la selva del Perú. Un lugar calurosos cubierto por una gruesa capa de vegetación, donde las casas, hechas de plantas silvestres, se confunden con el paisaje. Regresaron con provisiones para todo el año: carne, sal, plantas medicinales. Hace poco, Sangama Amasifuén regresó al mismo lugar junto a su hijo Christian, de 13 años, pero no pudieron ingresar.

“Para entrar al territorio mi papá me preparó, me bañó con plantas durante 8 días y pedimos permiso a la montaña para entrar. Me dijo que solo se entra a cazar cuando las hembras no están preñadas, porque si no el año siguiente ya no habrá animales”, cuenta Sangama Amasifuén, dirigente de la comunidad El Naranjal, en el distrito lamista de Barranquita.

Pero en 2005 ese territorio del que obtenían todos los recursos para sobrevivir fue declarado área protegida: es el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Debido a que no está permitido extraer recursos de un área protegida, Sangama Amasifuén  y su hijo ya no pudieron ingresar.

Actualmente 14 comunidades reclaman una mina de sal, un lugar a donde iban ancestralmente y que se encuentra dentro de esta área de conservación.  Por ello, estas comunidades, como alrededor de otras 19, exigen la titulación de sus territorios. Para sus abogados es posible, pero las autoridades regionales, que no quisieron hacer declaraciones para este reportaje, no han avanzado con el proceso de titulación.

La titulación también ayudaría a estas comunidades a hacer frente a los taladores ilegales y personas ajenas que invaden sus territorios.

Para Sandra Ríos, especialista en deforestación del Instituto del Bien Común, al contar con un título, las comunidades podrían expulsar de su territorio a taladores y mineros ilegales.

Pero el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) considera que no es posible titular comunidades “cuando el proceso se realiza con posterioridad a la creación del área”, lo que, según la entidad, se ampara en el artículo 89.1 del reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

“Nosotros hemos estado antes que el Estado. Sí es posible titular comunidades indígenas en áreas protegidas. El derecho nacional e internacional nos avala”, asegura el presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), Marco Sangama Cachay.

Por ello, CEPKA evalúa llevar el caso a los tribunales, pues consideran que se está vulnerando su derecho integral al territorio y se está exponiendo a la selva a que continúe siendo afectada.

“El territorio nos da todo. Nosotros solo sacamos lo que necesitamos”, indica Nemesio Sinagua, líder de la Comunidad de Naranjal.

Las comunidades son efectivas en el cuidado del bosque gracias a sus prácticas ancestrales. Esto es confirmado con datos sobre el bajo nivel de deforestación en territorios indígenas. Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, la deforestación en el territorio indígena en el período 2010-2013 en el Perú alcanzó 0.2%; es decir, que de 205,750 km², solo 428 fueron afectados. Una cifra similar a las 52,791 ha (527.91 km²) en el período 2010-2014, que consigna el Geoservidor del Ministerio de Ambiente.

En Sudamérica, el panorama es similar. El Programa de Cálculo de la Deforestación de la Amazonía (PRODES) de Brasil indica que la deforestación acumulada en los territorios indígenas de toda la Amazonía es solo el 1.9% de la superficie forestal dentro de estos, en mediciones hechas en 2013.

Durante cientos de años, las comunidades indígenas de San Martín, que tiene una de las mayores tasas de deforestación (23%) del Perú, han sabido proteger la Amazonía.  De ahí que, concederles la titulación representaría una contribución  a la conservación de la Amazonía y el reconocimiento del derecho al territorio ancestral de estos pueblos, que es avalado por leyes internacionales y nacionales, y afirma su identidad como indígenas.

Encuentros y desencuentros

En 2014, miembros de la comunidad de Ancash Yaku de Achinamiza comenzaron a cultivar y a cazar en sus terrenos que se encuentran dentro de esta área reservada. SERNANP los denunció acusándolos de delitos Contra los Bosques o Formaciones Boscosas.

Para CEPKA, esta superposición de tierras se generó debido a que no hubo un verdadero proceso de consulta previa a las comunidades cuando se creó el área reservada, pues solo se habrían hecho talleres informativos.

Solo en la región San Martín, 14 comunidades indígenas son afectadas por la presencia de áreas naturales protegidas y siete por zonas de conservación y recuperación de ecosistemas (Zocre) sobre el territorio que reclaman.

Para Ríos, la superposición ha sucedido debido a que el Estado se interesó solo en cumplir metas de conservación sin tomar en cuenta la presencia de comunidades indígenas en la zona, “dejando de lado el potencial de conservación de estas comunidades”.

En la actualidad, el gobierno ejecuta el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú- Tercera Etapa (PTRT-3) con el apoyo  del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con más de US$80 millones para este fin. Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la ONG Paz y Esperanza, que trabaja en la zona, este plan no ha sido efectivo debido a que el gasto no se ha enfocado en el proceso de titulaciones.

La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre la titulación y reconocimiento de los pueblos indígenas de 2014, atribuyen las causas de este problema principalmente a tres puntos: la normatividad, pues los procesos no son claros y unificados; la capacitación del personal responsable, ya que la mayoría de personas a cargo del proceso de reconocimiento y titulación no tiene la preparación necesaria; y el presupuesto, debido a que hace falta priorizar el gasto.

Luchando para no perder la identidad

Para no perder su territorio y su identidad, las comunidades realizan actividades para continuar con sus exigencias. El día 26 de setiembre las autoridades de estos pueblos se reunieron en la comunidad de Molosho para planificar un nuevo ingreso al territorio, ya que para iniciar el proceso de titulación es necesario georreferenciar, lo que significa caminar por todo el perímetro del área que exigen y marcar puntos en dispositivos GPS.

Esto es difícil, primero porque los comuneros deben, durante casi dos semanas, cruzar ríos, subir y bajar pendientes, hacer campamentos, todo ello mientras abren camino con machetes en medio de un intenso calor.

En segundo lugar porque hay pocas personas que conocen el lugar. Muchos comuneros dejaron de ir a la mina de sal, pues en la década de 1980 la zona se hizo peligrosa porque grupos terroristas transitaban por allí. Posteriormente, los más jóvenes tampoco pudieron ingresar a la zona debido a la creación del área de conservación.

La solución que encontraron las comunidades  fue que dos hombres mayores —que son los que mejor conocen el lugar—, sirvan de guías en estas incursiones.

Otro problema es que los más jóvenes muestran menos interés por su territorio. “Ahora los jóvenes solo quieren irse a la ciudad”, lamenta Purificación Cashiquetuanamo, de 64 años, miembro de la comunidad Alto Pucalpillo.

“Nosotros hemos cuidado la selva desde hace cientos de años. Nos indigna que venga otra gente y empresas a malograr el bosque. Si no protegemos este territorio, nuestros hijos van a perder su identidad como indígenas”, asegura Sangama Amasifuén.//

Este reportaje se ha realizado con el apoyo de Comunicaciones Aliadas e Infostelle Peru e.V.

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